Opinión

El incremento de las presiones de Estados Unidos en materia de narcoseguridad y narcopolítica sobre México se perfiló ya como el principal factor político de Morena en el reparto de candidaturas a diputados locales, alcaldes, gobernadores y diputados federales para 2027. Las reuniones bajo coacción de EU en la última semana y desde la última amenaza pero no la última del presidente Trump de usar el avance terrestre dejaron en claro el escenario mexicano como prioridad de seguridad nacional estadounidense.

El contenido de la reunión del viernes en la embajada de Estados Unidos con funcionarios de los gabinetes de seguridad de los dos países dejó más suspicacias que certezas, pero el fin de semana volvieron a circular en ese contexto las listas de políticos Morena que presuntamente serían solicitados judicialmente por EU por los dos temas prioritarios en Washington: la narcopolítica y el huachicol fiscal.

En este contexto, el Palacio de Invierno de Palenque mandó indicios de que todo el proceso electoral en materia de selección de precandidatos y candidatos morenistas serían decididos palomeados, en el viejo lenguaje priista por el presidente emérito López Obrador y Palacio Nacional se dedicará sólo al discurso de cobertura de los problemas propios de la gestión administrativa del Gobierno federal.

El problema se presentó de corto plazo con algunas figuras que se daban por seguras para candidaturas a los cargos públicos, pero que no han pasado la primera revisión natural que ya se está haciendo en el equipo electoral de Palenque para evitar que las primeras reacciones en medios de comunicación sean indicios muy obvios de narcopolítica. El problema en la primera instancia del proceso sucesorio para 2027 se encuentra en el hecho de que Palenque y Morena no se preocuparon por cuidar perfiles de seguridad de las principales figuras y ahora se están encontrando con una gran escasez de personajes alejados de los dos temas que preocupan a la Casa Blanca.

El otro punto que estaría preocupando sobre los nominados para el 2027 será la necesidad por razones de sobrevivencia política de estar pensando desde ahora en la candidatura presidencial de Morena para el 2030, pero a partir de un hecho lógico en toda estructura político-partidista que depende de un caudillo: la caballada de aspirantes está flaca famélica, más bien y ya no hay tiempo de construir nuevas figuras.

El perfil obvio del sucesor en 2030 no es tan obvio por los desajustes en el bloque lopezobradorista que se sigue moviendo en el universo binario de leales e improvisados, aunque sin lograr una síntesis en las personalidades de los que aparecen públicamente en la narrativa digital.

Pero la prioridad de aspirantes al 2027 en Morena tiene el principal filtro en el tema de seguridad y narcopolítica. Y el punto central que determinará los primeros indicios de lo que quiera hacer López Obrador con las candidaturas se verá con claridad en Sinaloa, donde todo el grupo morenista de Rubén Rocha Moya aparece imbricado o salpicado de manera obvia con el expediente del Cártel de Sinaloa y las facciones de los chapitos y la mayiza.

La carta fuerte de Rocha Moya para la gubernatura 2027 antes del 29 de abril en que llegó a México la solicitud de su extradición de él y de sus compinches era el senador Enrique Inzunza Cázarez, pieza clave en la campaña estatal de 2021 y desde luego que el pivote dinamizador desde la Secretaría de Gobierno del Estado de la narcopolítica, pero es la segunda figura más importante que Estados Unidos estaría solicitando por su papel de enlace del Gobierno estatal con los chapitos.

Atrapado fuera de lugar con la solicitud de extradición de Rocha Moya, los dardos envenenados del vicesecretario de Estado Christopher Landau en la cancelación de visas las conocidas públicamente y las insinuadas con visos de veracidad colocaron cuando menos a diez entidades de la República bajo la supervisión de todo el aparato de seguridad de Estados Unidos. Pero Trump hizo otra jugada de tres bandas que prioriza los expedientes de narcopolíticos en la Corte de Nueva York: nombró al fiscal Jay Clayton del caso Rocha Moya como nuevo director de Inteligencia nacional que coordina a las 18 agencias de seguridad nacional y espionaje y en su lugar designó a James MacDonald, fiscal adjunto a cargo de los expedientes de narcopolíticos mexicanos. Más claridad del juego de Trump no puede darse.

Y debe quedar perfectamente bien procesada la amplia declaración de la zarina antidrogas de la Casa Blanca, Sarah Carter, de que la fiesta contra narcopolítica mexicana apenas comienza.

La tarea de Palenque para designar candidatos al 2027 no será un día de campo.

Política para dummies: la política cumple el dilema del zorro y el erizo de Isaiah Berlin.
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