Opinión

Se ha dicho coloquialmente que el presidente de la República Mexicana -en este caso, presidenta- es quien sabe más, que conoce todo lo que pasa y sucede en el país; sin embargo, también se han oído otras voces que afirman lo contrario al decir que quien encabeza el Poder Ejecutivo es la persona más engañada de la República Mexicana.

Lo anterior viene a colación debido a que, ahora con la muerte de dos supuestos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, conocida como CIA, por sus siglas en inglés, detractores y adversarios de esta administración federal de la Cuarta Transformación (4T) de inmediato comenzaron a lanzar la pregunta de que cómo era posible de que no estuviera enterada de la presencia de agentes estadounidenses en nuestro país y menos que estuvieran participando activamente en operativos junto con autoridades tanto federales como estatales en el supuesto ataque contra las drogas; supuesto, porque si en realidad le interesara a los gobiernos gringos parar la drogadicción en su país, sería allá mismo, en el vecino país del norte en donde ya hubieran comenzado.

Ahora con el paso de los días, poco a poco se ha ido aclarando el panorama del cómo y el porqué andaban agentes extranjeros, posiblemente hasta armados, haciendo labores que no les corresponden en lo absoluto; y gracias a lo que se ha ido desvelando se ha dado a conocer que todo cae en la decisión de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien fue la que pidió el apoyo e intromisión de esos agentes extranjeros violando flagrantemente nuestra Carta Magna, así como la Ley de Seguridad Nacional que, claramente, establecen que no se permite a agentes de corporaciones extranjeras hacer ni participar en labores de seguridad ni policíacas en ningún sentido.

Si se le achaca en alguna forma cualquier tipo de responsabilidad a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), cotidiana y enfáticamente, cuando se le cuestiona algún asunto ya sea menor o grave que ha acontecido en alguna entidad de nuestro país, CSP afirma que se respeta la soberanía de cualquier estado de la República en el entendido de que hay autoridades estatales y municipales las que debería de atender todos los asuntos de seguridad que ocurran en sus localidades y no todo achacarle al gobierno federal, salvo que haya asuntos de carácter de fuero federal.

Y sí, pues todos los estados mexicanos que conforman la Federación se autonombran, se conocen y se autodenominan como estados libres y soberanos; así que por lo mismo, CSP cuando se le señala por qué pasa esto o aquello en determinada entidad del país, de inmediato nuestra presidenta responde que son asuntos que atañen a esas entidades o municipios, pues en caso de que se espere que el gobierno federal tenga que aclarar todos los delitos, de cualquier índole, los tenga que resolver el gobierno federal, pues jamás se terminaría de resolver nada de nada. Así que, para esto, es que para eso existen autoridades estatales y municipales a quienes en cierto sentido coadyuban las fuerzas armadas, de la Marina y ahora, hasta de la Guardia Nacional.

Ahora, en cuanto a los hechos ocurridos recientemente en Chihuahua, varios analistas serios han coincidido en que la gobernadora violó flagrantemente la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Ley Nacional de Seguridad al permitir y, tal vez, solicitar que ingresaran agentes extranjeros a su entidad, por lo que es ella, la también conocida en su estado como Maru Campos, la que tiene y tendrá que aclarar todo esto y no el gobierno federal que, si bien se dice que fuerzas federales estuvieron presentes en el operativo llevado a cabo en esa entidad que supuestamente fue para desmantelar laboratorios productores de drogas, fue precisamente porque es lo que tienen que hacer las fuerzas federales y Guardia Nacional en donde han sido desplazadas para que coadyuven en el combate contra el crimen organizado que, por traficar con drogas, se convierte de carácter federal.

Y vaya que no la tiene nada fácil la gobernadora Maru Campos, en el entendido de lo que señala la fracción III del artículo 123 del Código Penal Federal que dice: Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro y fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra.

Sea pues. Vale.