Tepic//Florentino Cordero.-
En conferencia de prensa, el diputado Jorge Fugio Ortiz Rodríguez reiteró su respaldo a los ferrocarrileros afectados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales. Exigió un plan de justicia social que incluya una compensación vitalicia para las familias afectadas e informó que, con el respaldo del Partido del Trabajo, ha presentado reservas presupuestales para atender esta causa.
Tenemos confianza en la sensibilidad, en el humanismo de la Presidenta, y consideramos que ha llegado la hora y es el turno de la justicia social para los ferrocarrileros. Durante los siete primeros años de la Cuarta Transformación, se han ido atendiendo otros temas, haciendo justicia a otras causas que creemos que son también importantes. Es la hora de los ferrocarrileros; presidenta Claudia Sheinbaum, hágale justicia a estas decenas de miles de familias que confían y confiamos en usted, mencionó el diputado federal.
Por su parte, el señor Enrique Oropeza, integrante de la Gran Comisión Ferrocarrilera, reafirmó la necesidad de que la Presidenta de la República voltee los ojos al movimiento ferrocarrilero. Esperan que su gobierno y la sindicatura jurídica encuentren el argumento legal para este proyecto que consiste en un plan de justicia de ser posible, de una jubilación, de una compensación vitalicia o lo que en su momento el gobierno federal determine (...) esperemos y tenemos confianza en que esto suceda antes de que sigan falleciendo los compañeros, afirmó.
En su intervención, Jorge Salgado Rabadán, líder del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, refirió que el diputado Fugio siempre ha abrazado las causas justas de la clase trabajadora de México. Considera que este plan para los ferrocarrileros es una medida necesaria: Ahora es el turno de este plan de justicia para los compañeros ferrocarrileros.
Desde la entrega de los ferrocarriles a la iniciativa privada en 1998, los trabajadores han luchado para que los gobiernos en turno les otorguen justicia social. Cabe mencionar que, en su momento, la privatización impactó a más de 80 mil familias en 30 estados del país.