Opinión

Aunque el debate sobre la producción y consumo de drogas está llevando a los dimes y diretes de que si primero fue el huevo de los cárteles o la gallina de los adictos, el teorema del narcotráfico en México se debe asumir desde el punto de vista nacional y no culpar a quienes demandan droga.

Y ahí han comenzado a emerger en medio de los jaloneos presidenciales algunos datos que debieran preocupar a las autoridades mexicanas: si el secuestro de Ismael El Mayo Zambada detonó la guerra civil entre las facciones de los mayitos y los chapitos dentro del Cártel de Sinaloa y estalló la violencia criminal que no tiene control, entonces se está reconociendo a nivel oficial que el gobernador Rubén Rocha Moya era muy incompetente y tuvo que entregarle el poder político del Estado al capo de capos que se quedó al frente del Cártel del Chapo.

Con este enfoque que se desprende de las últimas declaraciones gubernamentales mexicanas la situación se acerca a uno de los temas más delicados porque pudiera decirse que se está reconociendo a nivel gubernamental: la gobernanza criminal, es decir, la incapacidad de las autoridades políticos y administrativas para mantener la gobernabilidad en una entidad conflictiva y la entrega de los hilos del poder político a los capos que no son funcionarios ni políticos sino que se han dedicado a producir droga y venderla con actitudes criminales que violan todas las leyes.

Y ahí es en donde, ocultando obviamente su propia corresponsabilidad, el presidente Donald Trump acusa del tráfico de drogas a la narcopolítica mexicana y salta a una caracterización que no ha recibido desmentidos ni declarativos ni operativos del Gobierno mexicano: el narcoestado.

Es inocultable el hecho de que se cumple la ley económica que señala que la demanda determina la oferta, pero hasta donde se tienen datos el consumo de drogas en Estados Unidos es permisible y forma parte de un enfoque de autorresponsabilidad, aunque tampoco de manera subrayada y con estudios serios México no ha querido explotar la argumentación más que real de que el tráfico de drogas para el consumo en Estados Unidos tiene una corresponsabilidad de las áreas de seguridad del Gobierno americano, aunque hasta ahora no ha habido ninguna evidencia de que algún gobernador estadounidense o algún senador o funcionario que tome decisiones este aliado algún cartel dedicado al tráfico de drogas para el consumo.

La Casa Blanca detonó la acusación de narcopolítica y narcoestado en México con la solicitud legal de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rocha Moya y nueve presuntos cómplices y con base en testimonios recogidos y avalados por un Gran Jurado dieron por ciertas las acusaciones de acuerdos formales entre el grupo de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa para las elecciones de 2021 y del 2024, y que hay testimonios en otros estados de la República donde las últimas elecciones revelaron pactos criminales de políticos en funciones con grupos delictivos y también están a la vista las evidencias de funcionarios federales, estatales y municipales que pactaron compromisos de apoyo político a las elecciones a cambio de gobernanza criminal.

Los argumentos de la presidenta Sheinbaum que dijo que no los iba a decir pero que al final sí los dijo no sólo son impecables sino una verdad absoluta a la vista de todos, sobre todo el de la pasividad gubernamental de EU para combatir el consumo de droga y dejando con ello que los cárteles mexicanos y sus células autónomas dentro del territorio americano sean las encargadas de meter todas las drogas para satisfacer la demanda de en el mejor de los casos más de 50 millones de consumidores de drogas en EU.

Pero el problema que denunció el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca y apenas el martes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas centró el debate en la capacidad, organización y apoyos institucionales de los cárteles del narcotráfico que producen droga y la meten de contrabando a Estados Unidos. México daría un gran paso para plantarle cara a EU, a la Casa Blanca y a Trump si decidiera combatir la estructura criminal y productiva de drogas, y no sólo centrarse en decomisos que por una puerta cierran el tráfico de drogas y por otra abren muchas otras puertas para seguirlas produciendo. El Mayo Zambada, dicen, no tenía orden de aprehensión y todos sabían que eran el jefe de drogas del cártel de Sinaloa, pero operaba como eje político aliado del gobernador Rocha Moya.

Y el problema está a la vista: apañan a mandos menores y la prelación permite la subsistencia y funcionamiento de los cárteles productores de droga; ahora mismo, en Sinaloa, los tres más importantes personajes abajo del gobernador Rocha Moya siguen teniendo fuero y protección institucional y por lo tanto la producción del Cártel de Sinaloa sigue funcionando como si nada.

La decisión de Estado contra los cárteles del narcotráfico debe ser del Gobierno mexicano por sí mismo y no por tranquilizar a EU.

Política para dummies: la política es un amasijo de intereses creados donde la tranquilidad de la polis ni siquiera está en los políticos.
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